En estas recientes elecciones, se ha producido un dato curioso, que ya venía dándose en los años anteriores, aunque con otros protagonistas. Nuevamente, uno de los partidos nacionalistas ha sido comparado con uno de los estatales por la diferencia de votos y escaños entre sí, a saber: Amaiur, 333.628 votos, 7 escaños; y UPyD, 1.140.242 votos, 5 escaños. De nuevo, en las comparecencias de los diferentes partidos ha venido a salir la renombrada reforma electoral, que IU tiene incluida en su programa desde las primeras elecciones de la Democracia. La misma IU se ha definido como perjudicada en este desajuste electoral, aunque este año no se haya resaltado excesivamente, dada la ganancia experimentada en sus escaños por la pérdida de 59 escaños socialistas.
La ley electoral española consta de dos puntos clave: el sistema de reparto D’Hont, y la circunscripción provincial, que determina que el reparto de escaños se realizará a nivel provincial, en función de la población. Así, según reza la ley de escrutinio general, se determinarán dos escaños por provincia, en un total de 50 provincias, y un escaño por ciudad autónoma, de dos ciudades autónomas en total, resultando repartidos 102 escaños sobre esta base. A partir de ahí, los 248 escaños restantes se reparten en función de la población.
En este punto, la ley electoral ha sido discutida infinidad de veces desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, el sistema de reparto D’Hont, que ha sido atacado constantemente, siendo objeto de la mayoría de las protestas respecto a la ley electoral, es un sistema de matemática electoral comprobado, y totalmente justo, que se acerca en porcentaje de votos respecto al porcentaje de escaños. En realidad, Víctor D’Hont, matemático creador de este sistema, inventó un reparto ecuánime y carente de problemática.
Por la otra parte, la circunscripción provincial; verdadera culpable del desnivelado reparto de escaños en el congreso. Tras la división anteriormente nombrada, cada provincia reparte sus votos en función de sus escaños, independientes del resto de provincias, y, acto seguido, los resultados son extrapolados a nivel estatal. Que cada provincia se independice del resto a la hora del escrutinio tiene ciertas consecuencias, negativas para algunos y positivas para otros. Por ejemplo, en Melilla, en estas elecciones de 2011, con un solo escaño en juego, el PP obtuvo 17.791 votos; el PSOE, 6.745; UPyD, 986 votos; EQUO, 427 votos; PACMA, 135; y PUM+J, 79. Como es imaginable, este escaño lo obtuvo el PP, pero gracias a la circunscripción provincial, el resto de votos, correspondientes a EQUO, PACMA, PUM+J, UPyD y PSOE, se perdieron en su totalidad, eliminándose la opinión de todos los ciudadanos de Melilla que no apoyaran a los populares, quedando sin representación. Algo similar ocurrió en el resto de provincias, como Jaén, en la que desaparecieron más de 20.000 votos favorables a PSOE, y casi 8.000, entre UPyD y EQUO. Este es el efecto de la aplicación del sistema de D’Hont a nivel provincial. El hecho de que la circunscripción sea tan pequeña, tiene entre sus efectos secundarios, que, dado que el número de escaños a repartir es menor, la pérdida total de votos por parte de las terceras y cuartas fuerzas políticas a nivel estatal es gigantesca, pues en muchos casos no obtienen escaño. Esta desaparición de votos se reduciría en caso de estar establecida una circunscripción mayor, y sería inexistente en el caso de la circunscripción estatal y única. De ahí que la mayoría de escaños que obtienen partidos como IU o UPyD proceda de provincias en las que se reparte un número mayor de escaños, como Madrid (36 escaños) o Barcelona (31 escaños). Esto mismo provoca también que los ciudadanos estén más o menos representados en función del lugar donde viven: así, a cada ciudadano sevillano, le corresponde el 0,0006 % de un escaño, aproximadamente; sin embargo, a un ciudadano turolense, le corresponde el 0,002 % de un escaño, es decir, más de tres veces la representación de un sevillano. Si la circunscripción fuera estatal, la representación de cada ciudadano sería siempre la misma (del 0,0007 % de un escaño, aproximadamente).
Además, en contra del pensamiento general, este sistema de circunscripción provincial no beneficia especialmente a los partidos nacionalistas: incluso en aquéllos más votados, como CiU, supone un perjuicio, no tan grande como el de IU, cuya pérdida de votos es enorme, pero sí en el sentido de que, con un número menor de votos, hubieran obtenido el mismo número de escaños. Es más, aplicando el sistema D’Hont con una circunscripción estatal, todos los partidos nacionalistas ganan un escaño, excepto PNV y NaBai, que pierden uno: es decir, que, generalmente, los partidos relegados a provincias concretas se ven perjudicados por la ley electoral, y no beneficiados.
Los que verdaderamente se ven beneficiados por este sistema son PSOE y PP, que en las elecciones de 2008, con una circunscripción única y estatal, hubieran perdido 7 escaños cada uno, ya que la mayoría de los votos que, literalmente, desaparecen, pertenecen a fuerzas menores, y que los votos que PSOE y PP pierden son en aquellas provincias en las que todos los escaños son acaparados por el otro partido, o uno de los partidos nacionalistas, que no son muchos, y que por lo general corresponden a aquéllas en las que se reparten pocos escaños, como Melilla. Y por esto mismo, no es necesario decir por qué a IU le cuestan 250.000 votos conseguir un escaño, y a PP y PSOE les cuesta 70.000: lo que ocurre es que por cada escaño que consigue Izquierda Unida, desaparecen más de 150.000 votos suyos, gracias a esta reducida circunscripción.
Tampoco es, por tanto, de extrañar, que no se reforme la ley electoral, pues simplemente, a los partidos que han tenido el Gobierno en sus manos desde principios de la Democracia no les interesa, pues se verían perjudicados. Teniendo en cuenta que ocupan la práctica totalidad del Congreso de Diputados, cualquier intento de reforma electoral, sería eliminado de forma casi absoluta, pues contaría con la negación de los dos partidos mayoritarios. Si bien, es cierto que cada vez somos más conscientes de que es un reparto injusto y desproporcionado el estipulado, habiéndose iniciado ya numerosos movimientos populares al respecto con objetivos reformatorios. Aunque, eso sí, el camino por recorrer es largo y duro, aún.
José Polo
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