Desde no hace mucho, las corridas de toros han recibido numerosas críticas y valoraciones. Por un lado algunos las aprueban, al considerarlas parte de nuestra cultura e identidad conforme a otros países, ya que para ellos son un espectáculo nacional. Para otros, sin embargo, esto no es justificación suficiente. En numerosas ocasiones han expuesto sus quejas hacia las corridas de toros, que tachan como inhumanas, crueles y prescindibles, a la vez que aclaran que es una auténtica vergüenza que a los españoles se nos asocie con esta actividad. También han pedido la prohibición de éstas, cosa que a la que una parte importante de la población se ha opuesto. El problema es, ¿dónde empiezan y dónde acaban los derechos de cada una de las partes?
El pasado 28 de julio de 2011, el Parlamento Catalán votó la ley contra las corridas de toros en su comunidad autónoma. Con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, la Iniciativa Legislativa Popular fue aprobada, datando el 1 de enero del 2012 como fecha en la que esta ley entraría en vigor. Como en toda votación, hubo políticos que se alegraron del resultado. Sin embargo otros, como por ejemplo la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, no tanto. La presidenta aseguró que "era un día triste para Cataluña". También anunció que llevaría al Congreso de los Diputados y al Senado una propuesta para declarar las corridas de toros de interés cultural general, de manera que fueran protegidas en el conjunto de España y no pudiesen ser prohibidas en ninguna comunidad autónoma.
Aun aprobada la ley, hubo activistas no contentos del todo. Aclaraban que todavía quedaban meses para que ésta entrara en vigor, y que no se debería esperar hasta tal fecha. Estos antitaurinos también expresaron que "hasta que no se aboliese el maltrato animal, Cataluña no sería Europa".
Las protestas, por parte del sector taurino, también fueron exhaustivas. Muchos tacharon a los parlamentarios de traidores, mientras pedían explicaciones. Aclararon que, al no haber sido secreto el voto, "podrían saber quiénes los habían traicionado".
Sin embargo, esta ley sólo ha sido aprobada en Cataluña, mientras el resto de comunidades autónomas siguen concertando con normalidad corridas de toros. Los antitaurinos catalanes no cantaron victoria, y explicaron que todavía había que abolir el maltrato taurino en toda España.
¿Deberíamos abolir las corridas en toda España? ¿O quizás ni siquiera deberían haberse abolido en Cataluña? En mi opinión, tanto los taurinos tienen derecho a celebrar las corridas, como los antitaurinos a abolirlas. Es cierto que es un espectáculo frío, en el cual se prepara al torero para matar al toro, quién realmente no tiene por qué ser tratado así, con tal humillación. Sin embargo, si fueran abolidas, habría una parte importante de la población que no podría acudir a ellas, quitándoles así parte de sus derechos. Pero, ¿hasta qué punto merece la pena salvar el derecho de unos, a cambio de los derechos de otros?, ¿hasta qué punto una tradición debe ser inamovible, aún matando animales sin razón aparente?
Marina Muñoz Peñuela
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